Una modificación de la Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Buenos Aires autoriza a concejales a reclamar un aumento en sus dietas a partir de la incorporación de la antigüedad individual al sueldo. Esta medida, que beneficia tanto a concejales en actividad como a aquellos con licencia y que estén ocupando otros cargos -tanto en los niveles municipal como provincial- desató la crítica de varios sectores, entre ellos el ARI de Esteban Echeverría.

Mediante un comunicado, el bloque que encabeza Silvina Celasco advirtió que "la única finalidad de esta ley es 'salvar' a concejales de otros distritos que hace tiempo cobran este adicional por antigüedad". La edil, que integra el bloque de la Coalición Cívica, dijo que "en nuestro distrito rige la Emergencia Económica. Ella fue aprobada en este Concejo el 22 de diciembre de 2008, debido a la grave situación económico-financiera en la que se encuentra.

Con esta excusa se recurrió a un significativo aumento de tasas para afrontar las deudas, que según el Intendente fueron heredadas de la gestión anterior. Intentar cobrar este beneficio es una contradicción por parte de los concejales que aprobaron las tasas y acordaron con la emergencia económico-financiera".

Según puso recoger este medio de fuentes provinciales, la modificación se enmarca en la categoría de "beneficios adicionales" que cobran los concejales de la provincia de Buenos Aires, donde se incluye por esta reforma "la antigüedad que corresponda en forma individual".

La concejal recordó que el artículo 2º de la ley provincial indica que hay que declarar "extinguidos los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Cuentas, y las acciones judiciales iniciadas ante los tribunales provinciales que tengan por objeto la imposición de cargos o el recupero de éstos, provenientes o con causa en el pago de la bonificación por antigüedad abonada a los concejales municipales, aun cuando se hallaren en ejecución judicial, percibida con los haberes".

Además, el bloque del ARI declaró su "enérgico rechazo" a los excesivos aumentos de tarifas de energía eléctrica correspondientes a las empresa EDESUR, sobre la base de que los incrementos son un "despropósito", por lo que pidieron al poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) para usuarios residenciales.