Por Diego Lanese
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Como sucedió en el ámbito nacional con la idea de estatizar el comercio de gramos, el oficialismo de Almirante Brown echó a correr las versiones sobre un proyecto para modificar las condiciones para realizar un asfalto, para ver "como medía" en la opinión pública. Pero la polémica, generada apenas se supo de este plan, hizo que se diera marcha atrás y todo quedara hasta el momento en rumores de ida y vuelta.

Lo cierto es que hubo un proyecto del Ejecutivo para modificar el alcance de la ordenanza provincial 165/73, que fija la forma en que se deben realizar los asfaltos y sus pagos. Según esta versión, la idea era bajar el nivel de aceptación necesario para realizar la obra en una cuadra y así poder cobrarlo y recuperar parte de los fondos invertidos. El plan fue confirmado por el propio secretario de Obras Públicas Daniel Bolettieri, que en varios medios locales afirmó que se estaba estudiando la idea.

Con el "globo de prueba" en el aire, las adhesiones y críticas no se hicieron esperar. Sin ningún proyecto concreto, la mayoría de los concejales fueron sorprendidos por la noticia, lo que no les impidió tomar partido. El bloque oficialista salió a respaldar la eventual modificación, como una forma de "generar recursos genuinos" para la comuna.

Desde la Coalición Cívica se mostraron en desacuerdo con el supuesto proyecto. Para la concejal Miriam Locher, "esta es una forma antidemocrática de obligar a los vecinos a adquirir una obra que en la mayoría de los casos no están posibilitados de afrontar económicamente".

En diálogo con Política del Sur, Locher afirmó que "en el ámbito del Concejo nunca hubo nada oficial, pero yo escuché a funcionarios que salieron a manifestarse a favor de este proyecto, que además dijeron ya estaba armado y que lo iban a mandar al Consejo para que lo aprobemos. Eso lo dijeron funcionarios muy cercanos al intendente (Darío) Giustozzi".

Los rumores recogidos sostienen que la idea era bajar al 50 por ciento la cantidad de vecinos que debían firmar para llevar el asfalto a una cuadra, y que se ajustarían las cuotas a valores cercanos a los 40 pesos. Sin embargo, Locher dijo que esa contribución "sería de 20 pesos". Para la edil de la Coalición, "la mayoría de las zonas donde se necesitan asfaltos está habitada por gente humilde, que no puede dejar de comer para pagar".

Cuestión de fondo
La lluvia de críticas al proyecto hizo que fuera retirado ("por ahora", según la explicación oficial), pero dejó al desnudo los problemas de infraestructura del distrito y sus posibles soluciones. Esto fue manifestado claramente por la concejal del PRO Miriam Niveyro, quien sostuvo que "primero hay que hacer las obras de agua y cloacas antes que el asfalto", en una clara crítica al programa presentado por la propia Presidenta en su visita a Rafael Calzada. En igual sentido se pronunció Juan Vegué, del Foro Hídrico de Almirante Brown: "estamos totalmente de acuerdo, no hace falta ostentar una ideología en particular para ser coherente y exhibir sentido común. Tampoco a nadie debería darle escozor indicarle el error a su jefe político si éste sostiene una contradicción dañina para su comunidad".

El diálogo con Política del Sur, Vegué subrayó que "está claro para cualquier persona bien intencionada la urgencia, primero el inodoro y lavatorio luego el piso, primero los caños de agua y cloacas luego los tapamos con asfalto o cerámica. No quiero pensar que sean tan perversos que busquen asfaltar donde la ecuación lógica sea discutible con tal de gastar en esa obra intencionadamente".

"Creo que no deberían modificar la ordenanza provincial 165/73 ni intentar cobrar ninguna obra al vecino, de las que históricamente se le adeudan al ciudadano de Almirante Brown, sin que lo tomemos como un desprecio o una falta de consideración humana y de respeto a nuestra lucha comunitaria por el agua potable, las cloacas y las plantas de tratamiento simultáneamente desde siempre", disparó Vegué.

Desde el Foro Hídrico también criticaron las anunciadas obras públicas nacionales, que serían el disparador de la iniciativa ahora frustrada. "No es razonable ni justo que se quieran imponer otras cuestiones de cualquier forma y además en época de crisis. Recordemos las palabras dichas por el ex presidente (Néstor Kirchner) en Almirante Brown, junto a Darío, hace muy poco en un acto partidario: 'no es justo que la crisis la pague el pueblo'. ¿Cómo se entiende entonces?", se preguntó Vegué.

Por eso, el referente del Foro, quien es además presidente del Centro Ciudadano Nuestros Barrios, dijo que en la entidad "tampoco vemos coherencia en la dirección que el Estado nacional le da a los fondos enviados a esta intendencia, aunque entendemos que cubren el costo total de los asfaltos anunciados, con lo cual no se justifica el motivo de querer recuperarlos nuevamente, ahora, a través del vecino".

Si la idea era buscar consenso entre los vecinos, el oficialismo sufrió una dura réplica. Por ahora replegó el proyecto, pero deberá pagar el costo político de una iniciativa impopular.

La (fría) letra de la ley

El proyecto lanzado y retractado casi en las sombras buscaba modificar una ordenanza provincial aprobada el 22 de marzo de 1973, es decir, durante la dictadura de Agustín Lanusse, a tres días de que Héctor Cámpora asumiera la Presidencia de la nación.

La ordenanza 165/73 establece que "la contribución del propietario o poseedor a título de dueño, calculada sobre la base del precio al contado de la obra, no podrá exceder del treinta y tres por ciento (33) del valor real del inmueble con la mejora incorporada".

Por jurisdicción, la norma no puede ser reemplazada por una municipal. "Hoy lo que hay es una normativa provincial, más allá de lo que quieran hacer en el distrito. No pueden intentar modificar una normativa provincial con una ordenanza municipal, que tiene además fuerza de ley", recordó la concejal de la Coalición Cívica Miriam Locher.