Luego
del lanzamiento en noviembre del año
pasado del programa Derecho Garantizado
para la Niñez, que cubre con un
plan asistencia a los hijos menores de
seis años de familias en estado
de vulnerabilidad, el Gobierno provincial
anunció un subsidio para hijos
de trabajadores que no cobran salario
familiar. La primera etapa del plan, que
constará de una prueba piloto,
será realizada en Esteban Echeverría,
algo que distintos sectores sociales saludaron
con entusiasmo.
Luego
de protagonizar una intensa interna cuando
eran miembros del Ministerio de Desarrollo
Social, el actual titular de la cartera
asistencial provincial Daniel Arroyo y
el intendente Fernando Gray parecen haber
hecho las paces. A la puesta en marcha
de la agencia socioproductiva, se sumó
esta prueba piloto que, además,
se realizará en 15 municipios de
toda la provincia. La medida, largamente
reclamada por la CTA y otros sectores,
comenzó a regir la semana pasada
y beneficiará a un gran número
de familias.
Según
informó el Ministerio, el subsidio
de 100 pesos por hijo para trabajadores
que no cobren salario familiar se aplicará
a partir del último trimestre de
este año. Su extensión a
todo el territorio provincial dependerá
de los fondos disponibles, ya que hasta
el momento no hay partidas para lograrlo.
Estas estarían recién para
fines de 2010.
Si
bien la medida es un avance, el economista
de la CTA Claudio Lozano criticó
"su carácter focal y su corto
impacto redistributivo". Lozano pidió
"una estrategia de alcance universal
que involucre a todos los menores de hasta
18 años" y, a diferencia de
lo que dicen en el Ministerio, el economista
dice que "es posible en términos
financieros".
Esta
versión del plan diseñada
por el propio Ministro sólo alcanza
a los menores de seis años y excluye
a monotributistas, trabajadores formales
y destinatarios del Plan Familias, pretendiendo
ser una iniciativa que busca transferir
el programa Jefas y Jefes de Hogar a las
madres solteras.
De
todas maneras, el Gobierno bonaerense
está seguro de que con esta iniciativa
se pueden "garantizar derechos básicos
a la niñez, lograr que todos cobren
una asignación básica generalizada,
promover una política de desarrollo
local al impulsar el consumo y reducir
la pobreza y la indigencia", según
enumeró Arroyo.