Desde el año pasado, unos 1200 vecinos de El Jagüel viven en la angustiante situación de no saber si podrán conservar sus casas. Propietarios legítimos, comenzaron a recibir embargos judiciales por 9000 pesos por supuestas deudas por la instalación de la red de gas natural, una obra que se hizo hace unos 15 años y que al parecer iba a ser ejecutada con fondos públicos. Pero esto no sucedió, y desde hace unos meses son intimados a pagar algo que consideran "injusto y desproporcionado". El conflicto, que apenas tuvo repercusión en los medios locales, sigue vigente pese a que se frenaron los remates, ya que el estudio jurídico que compró los certificados de deuda de la empresa constructora (de nombre Hansen) insiste con las intimaciones judiciales. Los vecinos, preocupados por la situación, criticaron la falta de apoyo de la actual gestión municipal, a la que acusan de tener intereses de por medio.

Todo comenzó en 1992, cuando el actual concejal y aliado político del gobierno Luis Obarrio ejercía la intendencia. Según le explicó a Política del Sur Néstor del Giorno, la obra se hizo "bajo la modalidad de la ordenanza general 165, que viene de épocas de la dictadura, con muchas irregularidades en el medio, y no se consultó a la mayoría del vecindario afectado, diciendo que ya estaba aprobado cerca del 70 por ciento de la obra". De un día para otro, los operarios de la desaparecida empresa Hansen comenzaron a romper las veredas y a tender la red domiciliaria, que llevaría gas a gran parte de la localidad. Con el tiempo, 16 años exactamente, un estudio jurídico comenzó a intimar a los vecinos por la deuda de la obra. En algunos casos, los demandados ni siquiera tienen instalada la red en su casa, y el reclamo es por el paso de los caños por la vereda.

Los damnificados formaron inmediatamente una comisión para defender sus casas, y comenzó un periplo de reclamos que hoy no tiene una solución definitiva. Por el momento, gracias a la aprobación en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires de la ley 13885, se ha suspendido por un año este tipo de acciones legales. Según la norma, impulsada por la senadora Cristina Fioramonti, queda suspendido por ese tiempo "el trámite de los juicios a partir de la sentencia de trance y remate o la ejecución de sentencia, derivados de la realización de obras municipales de infraestructura urbana, en especial de gas, de agua corriente y desagües cloacales, pavimentos, adjudicadas a empresas particulares". Esto les dio aire a los vecinos, que se concentraron en reunirse con autoridades, realizar charlas informativas con otros damnificados en sociedades de fomento, para buscar que más personas se unan a una lucha que está lejos de finalizar.

"Enemigo número uno"
Toda la actividad que los vecinos desarrollaron (que puede verse reflejada en un blog del diario Clarín) chocó con un inesperado obstáculo: la actuación de la Municipalidad local. Desde un comienzo, los vecinos tuvieron que pelear contra la indiferencia del intendente Fernando Gray quien, pese a los reiterados pedidos, nunca los atendió. El que sí lo hizo fue el secretario de Gobierno, Ricardo Fernández, pero no sólo no logró articular una solución al tema, sino que, como dicen los vecinos, "empiojó la cosa".

"Hemos participado en negociaciones con el enemigo número uno, como es el secretario de gobierno Fernández, pero no nos logró atrapar en su red de mezquindades, demostrando una vez más la amistad con el estudio jurídico Wieman. Seguimos esperando la audiencia con el intendente Gray, que debe estar muy preocupado con el polo industrial que quiere poner sobre la laguna de Rocha", critican con dureza los vecinos en uno de los artículos publicados en el blog. Según confirmó del Giorno, durante todo este tiempo la comuna se negó a asumir alguna responsabilidad. Es más, las primeras reuniones fueron con Fernández y un procurador de la comuna, y en ellas no se lograron mayores acuerdos. "Los tecnicismos expuestos llevaron el tema donde el quería, que es despegar al Municipio de este grave problema para los vecinos", dijeron. Además, acusaron a los concejales Roberto Devoto (Partido para la Victoria) y Grisel Tarsia (Libres del Sur), aliados del gobierno y vecinos de la localidad de El Jagüel, de no aceptar la invitación para conocer el tema y enterarse del problema.

Hasta ahora, la cuestión está congelada. En los últimos encuentros, se consideró bajar la cifra de la deuda de los 9000 pesos pedidos originalmente por el estudio jurídico a unos 2000, que serían el valor histórico aproximado de la obra sin los intereses. Pero luego se llegó a una cifra de 5000 pesos, algo que indignó a la gente.

"Hay mucho desgaste, la gente está cansada y a veces quiere definiciones muy pronto. Pero vamos a seguir trabajando", afirmó del Giorno, luego de los dos primeros encuentros del año, continuidad de una tarea que se avecina, en tiempos de adelanto de elecciones, ardua.

Encuentro en el aire

Como suele suceder en estos casos, los reiterados encuentros entre los vecinos por el problema de la red de gas derivaron en una organización que comenzó a recibir reclamos de todo tipo. Como ellos reconocen, El Jagüel tiene muchas postergaciones, y comenzaron a trabajar en otras cuestiones, en una zona de Esteban Echeverría muy castigada desde hace años.

Tanto fue el material y los vecinos que comenzaron a hacer suyo el espacio, que ya tienen programa radial. Se emite los lunes de 14 a 16 por la FM local Malvinas y se dedica a tratar todas las problemáticas vecinales, a través de sus propios protagonistas. El eco de la audición fue tan importante que comenzó a vislumbrarse como el principio de la solución, al punto que hubo contactos para que el postergado encuentro con el intendente Fernando Gray se realizara durante un programa.

Además, Néstor del Giorno confirmó que para abril próximo tienen pensado realizar "alguna acción más contundente" para reclamar que el jefe comunal los reciba. La idea, que deberá ser aprobada por la mayoría, es hacer una nueva marcha a la puerta de la Municipalidad o cortar la ruta 205, medidas que se definirán en la próxima reunión.