La ocupación ilegal de tierras se ha tornado una de las problemáticas más conflictivas en el sur del Gran Buenos Aires. En esta oportunidad, al menos 100 personas tomaron parte de la ocupación del predio de Acuba, que estaba destinado a una planta de tratamiento de efluentes y recuperación de cromo para cumplimiento de normas ambientales.

Este terreno de casi 35 hectáreas, lindante con el Riachuelo, ya había sido tomado hace dos años por casi 600 familias que resistieron a varios intentos de desalojo y que aún viven en la zona. Ahora, estas nuevas familias, que según los primeros habitantes del predio "no son de la zona", comenzaron a dividir sus parcelas e intentan asentarse allí.

No obstante, se prevé que estos nuevos usurpadores serán desalojados en el corto plazo. Al cierre de esta edición, todavía la operación dispuesta por gendarmería no había sido concretada.

Cabe destacar que durante la gestión del intendente municipal Darío Díaz Pérez ya hubo al menos cuatro intentos de toma irregular de tierras, los cuales no llegaron a convertirse en asentamientos porque las familias fueron reubicadas.

Política del Sur se acercó hasta el predio de ACUBA y pudo conversar tanto con los primeros usurpadores como con los nuevos y los vecinos de la zona lindera. Todos concluyen en el mismo punto: "la usurpación es el último recurso de un sector de la sociedad que no tiene acceso a una vivienda digna".

En este sentido, Diego, presidente de la Asociación del primer asentamiento de ACUBA, señaló que "esto parece una pelea de pobres contra pobres" ya que todos luchan por tener una parcela en la cual construir sus casas. Aunque reveló que los nuevos usurpadores "no son de la zona, sino que vienen de Capital Federal u otros municipios de la provincia".

Además, reconoció que mantiene diálogo con sectores del municipio, quienes le informaron que es "inminente" el desalojo de los nuevos usurpadores, ya que la fiscal de la causa y el juez firmaron la orden, además recalcó que en la causa interviene la UFI 17.

"No creo que haya nadie detrás de esto incitándolos a tomar tierras, sino que es gente que no tiene para alquilar y hace lo más fácil, que es usurpar. Como lo hicimos nosotros hace dos años. Esta es la realidad del país", reconoció Diego.

Por su parte, Gisela, una joven de 17 años y madre de dos pequeñas (una de tres años y otra de 11 meses), reveló que decidió sumarse a la nueva usurpación ocurrida el miércoles 18 a la noche porque está "sola y no le queda otra cosa que tomar una parcela".

La madre adolescente señaló: "Voy a para quedarme acá porque no tengo dónde vivir; yo de verdad necesito, no tengo nada para darles a mis hijas". La joven admitió luego que había un grupo de muchachos que "tomaron la tierra para luego venderla" y resaltó que también había "algunos que se dedican a la venta de droga".

Esta es otra especulación que maneja la policía. Fuentes muy confiables revelaron que un grupo de vendedores de estupefacientes de la Capital Federal se asentó en el predio de ACUBA para extender su negocio a la zona sur del GBA o escapando de algún operativo policial.

Además, vecinos que viven cerca de ACUBA denunciaron amenazas por parte de los nuevos habitantes. Una mujer incluso manifestó que quisieron ingresar a su vivienda "a punta de pistola", ella, junto con unas vecinas, pudo evitar la irrupción violenta y llamó urgente a la policía.

En tanto, la edil integrante de la comisión de Derechos Humanos, Verdad y Justicia del Concejo Deliberante, Paola Rezano, destacó que "hay un grave problema de vivienda en toda la provincia y sobre todo en Lanús, que es un municipio chico en el cual no se puede generar un plan de viviendas". Desde el Gobierno comunal todavía no hubo una manifestación respecto de esta problemática, ni información oficial sobre los pasos a seguir en esta nueva toma de tierras.

Mientras tanto, centenares de familias siguen construyendo sus precarias casillas y esperan resistir al inminente desalojo. Este nuevo caso de usurpación evidencia que la falta de un techo en el cual vivir sigue siendo uno de los puntos sin resolver de las políticas de Desarrollo Social en los niveles nacional y local.