La fuerte incidencia de los pueblos originarios en el conurbano bonaerense se dejó ver la semana pasada en Almirante Brown, cuando representantes tobas, kollas, mapuches, pilagás y diaguitas se reunieron para discutir la actualidad en los niveles regional y nacional de los indígenas. Con el auspicio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Municipalidad local, las discusiones se centraron en la flamante ley 26.160 que ordena el relevamiento y regularización de las tierras que ocupan, además de las últimas medidas tomadas por el Gobierno a partir de una serie de informes de la Defensoría del Pueblo.

Unos 200 delegados, en su mayoría caciques, se hicieron presentes en el denominado Estado Intercultural hacia el Bicentenario, donde se planteó la situación de los pueblos originarios en la actualidad. "Queremos discutir y consensuar propuestas de políticas públicas, pero desde nuestra cosmovisión y a través de nuestras organizaciones políticas", anticipó a la prensa Carlos Flores, de la Unión de Pueblos Diaguitas. Divididos en comisiones, los indígenas discutieron sobre tierra y territorio, salud, educación, herramientas político-jurídicas y la participación en políticas públicas del Estado Intercultural. Pero la discusión central estuvo en los alcances de la ley 26.160, que en 2006 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras.

Según esta norma nacional, se suspende por un plazo de tres años "la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras" que están en manos de comunidades. Mientras tanto, el INAI deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades, eje del debate en Almirante Brown. Para esto, se creó un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas de unos 30 millones de pesos para estos tres años.

Durante el encuentro, la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) realizó un encuentro. Su titular, Graciela Fernández, pidió "recomendación nacional sobre los pueblos originarios", en sintonía con la tarea que desarrolla el INADI en el nivel nacional.

Cabe destacar que durante la semana, mientras se realizaba el encuentro, se anunció un acuerdo entre el gobierno del Chaco, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo para solucionar los problemas estructurales de la población aborigen del impenetrable chaqueño, en su mayoría tobas. Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Jorge Capitanich y Eduardo Mondino se esbozaron los lineamientos de un acuerdo que estaría plasmado en 30 o 60 días, según informaron.

En febrero pasado, la Coordinación de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Almirante Brown realizó una mesa redonda para debatir la aplicación de la ley, que en la semana tuvo un abordaje más integral.

Voces en contra

En medio de la discusión sobre la situación de los pueblos originarios, representantes de un sector de los indígenas se mostraron en contra del encuentro. Mediante un comunicado de prensa, la denominada Organización Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) justificó su ausencia en el cónclave porque considera que "se trata de una ocasión ideada para posar para la foto y no de un verdadero reconocimiento de las tierras".

"No coincidimos ideológicamente con la propuesta y no lo haremos en tanto no se asuma la deuda histórica del Estado por el genocidio de los pueblos originarios", sostuvo la organización. Benito Espíndola, abogado y referente de la agrupación en el conurbano, dijo que "la impunidad caracterizó la apropiación de las tierras desde la llegada de los europeos al suelo americano", frente a lo que demandó que las políticas estatales garanticen un resarcimiento concreto del daño.