En las últimas semanas la Provincia asistió a un nuevo atropello de las instituciones, encabezado por el gobernador Daniel Scioli y su intención de avanzar con un impuestazo que afectará a todos los bonaerenses, obligado por su propia incapacidad de perseguir a los grandes evasores y de transformar la cadena productiva de la Provincia para aumentar el valor de su trabajo.

Con este impuestazo (porque ese es el término que lo describe correctamente) la Provincia aumenta la presión fiscal sobre quienes ya están pagando y cumpliendo con un alto nivel de impuestos, porque no tiene una política de Estado en materia de recaudación que le permita presionar a aquellos grandes evasores que, por ejemplo, hacen que la Provincia recaude sólo en 50 por ciento de lo que debería, en concepto de Ingresos Brutos. La incapacidad hace que se avance sobre quiénes siempre pagan que, claramente, no siempre son los que más ganan.

Pero además, en el terreno institucional, las formas de imponer esta medida tiran por la borda el acuerdo de diálogo que se había realizado, días después de la elección del 28 de junio, entre el Gobernador y los bloques de la oposición en la Provincia. Scioli había prometido en aquella reunión, que no impondría la mayoría que transitoriamente tendrá hasta el 10 de diciembre. Y la oposición, frente a eso, garantizó los espacios de diálogo para aprobar, mediante el consenso, las medidas que el Gobernador necesitase para gestionar. En la primera oportunidad de llevar adelante ese acuerdo, Scioli mandó a sus diputados a tratar, sin debate en las comisiones, este impuestazo que aprobaron en tiempo récord –algo menos de un minuto- con el voto del diputado López Mancinelli, que automáticamente quedó fuera del bloque cobista de la Concertación.

En las pocas horas que tuvimos para mirar el proyecto, adelantamos que esto aplastaría a la producción agropecuaria y a los puertos, dos puntos centrales de la economía provincial. A pesar de la negación del oficialismo –con el propio Scioli a la cabeza- esa situación se puso de manifiesto en una ola de reclamos frente a la Gobernación y en muchos pueblos del Interior, que obligaron a Scioli a dar marcha atrás con lo que antes había defendido ciegamente, como las tasas a los puertos y la presión sobre el sector agropecuario, dejando debilitados a aquellos legisladores que en sus pueblos tuvieron que defender el proyecto oficial y votarlo como un atropello en la Cámara de Diputados, para que luego se dé marcha atrás de manera inexplicable.

Scioli envió una nueva señal negativa a la sociedad en su conjunto, demostrando que cumplir con los impuestos, en la Provincia, implica que puedas ser víctima en cualquier momento de un aumento que los evasores nunca pagarán y por lo cual nunca recibirán castigo. Y como agravante, forzó la ruptura del diálogo con la oposición, por imponer en la Legislatura una medida que podría haber sido consensuada en los mismos aspectos que el propio Gobernador se tuvo que replantear. Con este escenario de aislamiento –de la gente y de la política-, agravado por el peor mapa de déficit de la historia de la Provincia (15.000 millones de pesos proyectados para 2010), Daniel Scioli debe gobernar durante los próximos 26 meses. Tarea que difícilmente podrá cumplir de buena manera si no da un golpe de timón a la gestión, que le garantice independencia del poder nacional, diálogo con la oposición y la reconstrucción del vínculo definitivo con la sociedad.