Semanario Político de la Tercera Sección
   
Gobernador Scioli: ¿La Policía Bonaerense recluta o no jóvenes para delinquir?
En el medio de los escándalos de la Bonaerense está la gente: un juez (Arias) denuncia que la “Maldita Policía” recluta pibes para delinquir.

“Detrás de la mafia y de la policía. Detrás del Mesías y de Wall Street. Detrás del Columbia y de la heroína. Detrás de Goliat y de David. Cada uno a su manera, cada quien con sus modos; detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente” (Joan Manuel Serrat, tema “Detrás está la gente”)

Esta maravilla de poema escrito por el “Nano” fue la primera letra e imágenes que se nos vinieron a la mente cuando, leyendo las crónicas policiales y los pormenores del zafarrancho que vincula a los funcionarios nacionales y de la ciudad de Buenos Aires por la policía de la ciudad, decidimos dedicar este Panorama Político Nacional a la inseguridad y los escándalos a que nos tienen acostumbrados los funcionarios.

Serrat dice detrás está la gente. Nosotros concluimos que en la Argentina la cruda realidad indica que la gente está en el medio de esta locura que también es alimentada y ¡cómo! por los medios nacionales.

Es que lucran con el pánico de bonaerenses y porteños pero abordan la cuestión de la inseguridad cuando les conviene porque en los meses en que se debatió en el Congreso Nacional la nueva ley de medios audiovisuales no existió el tema en sus pantallas y diarios.

El mayor escándalo se da en la provincia de Buenos Aires donde el juez Luis Arias afirmó que la policía de la provincia de Buenos Aires "recluta" menores para cometer delitos, lo que reavivó el debate sobre la corrupción en la mayor fuerza de seguridad del país.

El magistrado confirma que tiene profusa información a partir de denuncias de chicos y de familiares sobre la vinculación de menores con la policía: “La policía recluta sobre todo adolescentes para cometer robos o encubre a personas que lo hacen", dijo.

Al juez Arias -titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de la Provincia- salió a cruzarlo el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, quien calificó de "imprudentes" sus declaraciones y le exigió que "pruebe lo que dice".

Casal declaró a los medios que no debe haber un sólo agente corrupto y que "cuando hay un caso, se lo separa" de la fuerza pública bonaerense.

Por su parte, Luis Arias dispone de un listado con 23 investigaciones penales sustanciadas en 2008 y 2009 por presuntas torturas a chicos de la calle, que llevan a concluir en que con esa práctica “se trasluce la idea de reclutamiento”.

El juez asegura que las detenciones por averiguación de antecedentes son "una maniobra de la policía para el reclutamiento" y lo dice un magistrado que el año pasado dictó dos fallos para evitar ese tipo de aprehensiones de menores, dos resoluciones que anuló la Cámara Penal de Apelaciones.

Arias, dijo que los chicos supuestamente captados son en su mayoría adolescentes de entre 14 y 16 años que cometen robos con la presunta protección de agentes de la fuerza pública.

Según el juez, "se sospecha, por ejemplo, que el menor de 12 años involucrado en el asesinato de Daniel Capristo (un hombre acribillado en abril pasado de seis balazos) recibía de policías de la zona 40 dosis de paco (pasta base de cocaína) por cada automóvil que robaba"; y a su vez, pone sobre la mesa de discusión declaraciones testimoniales de familiares de chicos acusados de delitos que aseguran que sus hijos fueron reclutados por personas vinculados a la policía.

Entre los informes oficiales que funcionarios y voceros del Ministerio de Seguridad hicieron circular entre los medios, se destaca el que asegura que la policía de la provincia de Buenos Aires expulsa por delitos graves a uno de sus integrantes cada 48 horas.

Sucede en un distrito que es, lejos, el más poblado de Argentina y en el que se registra uno de los mayores índices de delincuencia del país; en todo el año 2008 fueron expulsados 579 policías y en el primer semestre de 2009 los destituidos ascienden a 201 y en medio de este aquelarre, y tal vez porque la situación se le escapaba de las manos, el gobernador Daniel Scioli impulsó en junio de este año una nueva reforma policial que restableció las jerarquías de comisario mayor y comisario general en la fuerza.

Con este panorama, el juez Luis Arias dispara: “Hace falta que los fiscales investiguen esta situación. No se puede desconocer que la policía de la Provincia estuvo vinculada en los hechos delictivos más significativos del país".

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, escribió también una vez Joan Manuel Serrat. La Bonaerense es un pulpo enmarañado de 50 mil personas inmanejables y para peor el campo del delito recibió una gran mano de parte de León Carlos Arslanián al exonerar de la fuerza a casi cinco mil agentes en las dos etapas en las que estuvo a cargo de la cartera de seguridad provincial, pero no creó una sola dependencia desde donde se pudiera seguir los pasos de los expulsados de la fuerza.

Es increíble, no se puede entender que siempre hayan dejado a expensas de Asuntos Internos el posible seguimiento de las actividades de los exonerados, que es como dejar al zorro al cuidado del zorro. Terminan por programar en forma conjunta estrategias delictivas y no hay forma de desarticular ese entramado cuando no se distingue entre el efectivo de seguridad honesto del que no lo es.

Por otra parte, causa sobre todo bronca que nos hayamos acostumbrado a esta fatal realidad, sobre todo porque en el medio de esta puja por el fogoneo del delito y el clima de inseguridad por parte de todos, incluidos los medios de comunicación, está la gente, su absoluta desprotección.

Esta desprotección la padecen sobre todo los más pobres porque es sobre esta franja de la población que se nutre la “Maldita Policía” según denuncian el juez Luis Arias y desde que se creó, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

En Agencia NOVA no queremos acostumbrarnos a este cuadro de situación. Por ello el 2 de febrero del presente año publicamos un Panorama Político Nacional titulado “Casi 40 años de vigencia de la “maldita policía” y… sigue la joda”.

Porque fueron policías bonaerenses los que asesinaron a José Luis Cabezas, caso en el que hubo secuestro y tortura, borrado de pruebas y relación con mafias locales, drogas, servicio de inteligencia, acuerdos con el poder, una zona liberada y la muerte corporativa en una estrategia que caracteriza el accionar mafioso de la Bonaerense.

Fue la misma Policía que con total impunidad ventiló detalles de cómo funciona en el campo delictivo cuando se produjo el secuestro de Leonardo Bergara, empresario de 37 años sospechado de que se encargaba de vender el producido de la piratería del asfalto que recaudaba la Departamental de Quilmes.

Un día Bergara habría “arreglado” la distribución de los porcentajes directamente con la distrital La Plata y en represalia los quilmeños lo secuestraron y se montó un desenlace de película cinematográfica.

Es la “Maldita Policía” la principal sospechosa de ser autora del secuestro y posterior desaparición, primero, de Jorge Julio López, testigo “clave” en el juicio que permitió que se condenara en el 2006 a prisión perpetua al ex comisario represor Miguel Etchecolatz; y este año de Luciano Arruga quien-según precisó a Agencia NOVA su hermana Vanesa Orieta- “el 1º de enero lo pararon efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, lo llevaron a esa dependencia no sabemos por qué motivo, porque nunca apareció el registro de su detención; y por medio de testigos pudimos enterarnos que lo golpearon brutalmente dentro del destacamento hasta quitarle la vida”. Hoy Luciano sigue desaparecido.

Hoy que todos se llenan la boca con los pibes chorros, la baja de la edad de imputabilidad, la violencia fatídica de algunos delincuentes y el flagelo de la inseguridad que acecha al Conurbano y a la ciudad, la Bonaerense cuya imagen se encarga de limpiar Canal 13 con su programa “Policías en Acción”, vende una imagen de un supuesto intento de combate al delito, cuando en realidad fogonea y protagoniza infinidad de casos de “gatillo fácil”.

Según expresó María del Carmen Verdú, la referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), este año estiman que los casos de “mano dura” policial superarán los índices del año pasado ya que sólo desde diciembre pasado hasta este mes, la Coordinadora tiene contabilizados más de 80 casos de gatillo fácil en todo el país, lo que proporcionalmente equivaldría a 16 por mes, una media similar a los casos registrados en 2008.

“Aunque si la tendencia sigue así, este año lamentablemente va a ser peor”, aseguró.

Esa la misma fuerza de seguridad que aún cuenta con 9 mil efectivos que prestaron servicios durante la etapa de la dictadura militar, una cifra que resuena cuando se recuerda y escribe sobre el caso de la desaparición de Jorge Julio López.

Además, en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner y en el primero de su esposa Cristina Fernández de Kirchner se habían registrado mil 67 casos de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte y la mitad de las víctimas eran pobres y tenían entre 15 y 25 años.

El tema nunca termina de explotar en los medios porque se trata de pobres. Por ello la clase media no se involucra y sólo lo hace para casos puntuales como la designación (finalmente trunca) de Jorge “Fino” Palacios en la Policía Metropolitana a punto de ponerse en funcionamiento.

Pero esa “puta clase media” jamás va a salir a manifestarse -en territorio bonaerense- para que se investigue en profundidad la denuncia del juez Luis Arias; o en el distrito porteño, para que deje de funcionar la UCEP, el grupo de desalojo macrista que arremete y muele a palos a personas indigentes que habitan en parques o veredas porteñas, tema (UCEP) del que nos ocuparemos en futuras notas o panoramas.

Las estadísticas de la Correpi y los hechos de cada día en la gestión K ponen en duda cada frase que repiten hasta el hartazgo Néstor y Cristina Kirchner en el sentido de que representan a los más humildes y colisionan seriamente con la proliferación de planes sociales que retroalimentan de forma decisiva el clientelismo entre los sectores más desprotegidos.

Por eso, frente a la contundencia de los hechos, es pertinente preguntar -como hacemos en Agencia NOVA-: gobernador Scioli, ¿la Policía Bonaerense recluta o no jóvenes para delinquir?

FUENTE: www.agencianova.com