Detrás de la
mafia y de la policía. Detrás
del Mesías y de Wall Street. Detrás
del Columbia y de la heroína. Detrás
de Goliat y de David. Cada uno a su manera,
cada quien con sus modos; detrás estamos
todos, usted, yo y el de enfrente (Joan
Manuel Serrat, tema Detrás está
la gente)
Esta maravilla de poema
escrito por el Nano fue la primera
letra e imágenes que se nos vinieron
a la mente cuando, leyendo las crónicas
policiales y los pormenores del zafarrancho
que vincula a los funcionarios nacionales y
de la ciudad de Buenos Aires por la policía
de la ciudad, decidimos dedicar este Panorama
Político Nacional a la inseguridad y
los escándalos a que nos tienen acostumbrados
los funcionarios.
Serrat dice detrás
está la gente. Nosotros concluimos que
en la Argentina la cruda realidad indica que
la gente está en el medio de esta locura
que también es alimentada y ¡cómo!
por los medios nacionales.
Es que lucran con el pánico
de bonaerenses y porteños pero abordan
la cuestión de la inseguridad cuando
les conviene porque en los meses en que se debatió
en el Congreso Nacional la nueva ley de medios
audiovisuales no existió el tema en sus
pantallas y diarios.
El mayor escándalo
se da en la provincia de Buenos Aires donde
el juez Luis Arias afirmó que la policía
de la provincia de Buenos Aires "recluta"
menores para cometer delitos, lo que reavivó
el debate sobre la corrupción en la mayor
fuerza de seguridad del país.
El magistrado confirma que
tiene profusa información a partir de
denuncias de chicos y de familiares sobre la
vinculación de menores con la policía:
La policía recluta sobre todo adolescentes
para cometer robos o encubre a personas que
lo hacen", dijo.
Al juez Arias -titular del
Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de
la Provincia- salió a cruzarlo el ministro
de Justicia provincial, Ricardo Casal, quien
calificó de "imprudentes" sus
declaraciones y le exigió que "pruebe
lo que dice".
Casal declaró a los
medios que no debe haber un sólo agente
corrupto y que "cuando hay un caso, se
lo separa" de la fuerza pública
bonaerense.
Por su parte, Luis Arias
dispone de un listado con 23 investigaciones
penales sustanciadas en 2008 y 2009 por presuntas
torturas a chicos de la calle, que llevan a
concluir en que con esa práctica se
trasluce la idea de reclutamiento.
El juez asegura que las
detenciones por averiguación de antecedentes
son "una maniobra de la policía
para el reclutamiento" y lo dice un magistrado
que el año pasado dictó dos fallos
para evitar ese tipo de aprehensiones de menores,
dos resoluciones que anuló la Cámara
Penal de Apelaciones.
Arias, dijo que los chicos
supuestamente captados son en su mayoría
adolescentes de entre 14 y 16 años que
cometen robos con la presunta protección
de agentes de la fuerza pública.
Según el juez, "se
sospecha, por ejemplo, que el menor de 12 años
involucrado en el asesinato de Daniel Capristo
(un hombre acribillado en abril pasado de seis
balazos) recibía de policías de
la zona 40 dosis de paco (pasta base de cocaína)
por cada automóvil que robaba";
y a su vez, pone sobre la mesa de discusión
declaraciones testimoniales de familiares de
chicos acusados de delitos que aseguran que
sus hijos fueron reclutados por personas vinculados
a la policía.
Entre los informes oficiales
que funcionarios y voceros del Ministerio de
Seguridad hicieron circular entre los medios,
se destaca el que asegura que la policía
de la provincia de Buenos Aires expulsa por
delitos graves a uno de sus integrantes cada
48 horas.
Sucede en un distrito que
es, lejos, el más poblado de Argentina
y en el que se registra uno de los mayores índices
de delincuencia del país; en todo el
año 2008 fueron expulsados 579 policías
y en el primer semestre de 2009 los destituidos
ascienden a 201 y en medio de este aquelarre,
y tal vez porque la situación se le escapaba
de las manos, el gobernador Daniel Scioli impulsó
en junio de este año una nueva reforma
policial que restableció las jerarquías
de comisario mayor y comisario general en la
fuerza.
Con este panorama, el juez
Luis Arias dispara: Hace falta que los
fiscales investiguen esta situación.
No se puede desconocer que la policía
de la Provincia estuvo vinculada en los hechos
delictivos más significativos del país".
Nunca es triste la
verdad, lo que no tiene es remedio, escribió
también una vez Joan Manuel Serrat. La
Bonaerense es un pulpo enmarañado de
50 mil personas inmanejables y para peor el
campo del delito recibió una gran mano
de parte de León Carlos Arslanián
al exonerar de la fuerza a casi cinco mil agentes
en las dos etapas en las que estuvo a cargo
de la cartera de seguridad provincial, pero
no creó una sola dependencia desde donde
se pudiera seguir los pasos de los expulsados
de la fuerza.
Es increíble, no
se puede entender que siempre hayan dejado a
expensas de Asuntos Internos el posible seguimiento
de las actividades de los exonerados, que es
como dejar al zorro al cuidado del zorro. Terminan
por programar en forma conjunta estrategias
delictivas y no hay forma de desarticular ese
entramado cuando no se distingue entre el efectivo
de seguridad honesto del que no lo es.
Por otra parte, causa sobre
todo bronca que nos hayamos acostumbrado a esta
fatal realidad, sobre todo porque en el medio
de esta puja por el fogoneo del delito y el
clima de inseguridad por parte de todos, incluidos
los medios de comunicación, está
la gente, su absoluta desprotección.
Esta desprotección
la padecen sobre todo los más pobres
porque es sobre esta franja de la población
que se nutre la Maldita Policía
según denuncian el juez Luis Arias y
desde que se creó, la Coordinadora Contra
la Represión Policial e Institucional
(Correpi).
En Agencia NOVA no queremos
acostumbrarnos a este cuadro de situación.
Por ello el 2 de febrero del presente año
publicamos un Panorama Político Nacional
titulado Casi 40 años de vigencia
de la maldita policía y
sigue la joda.
Porque fueron policías
bonaerenses los que asesinaron a José
Luis Cabezas, caso en el que hubo secuestro
y tortura, borrado de pruebas y relación
con mafias locales, drogas, servicio de inteligencia,
acuerdos con el poder, una zona liberada y la
muerte corporativa en una estrategia que caracteriza
el accionar mafioso de la Bonaerense.
Fue la misma Policía
que con total impunidad ventiló detalles
de cómo funciona en el campo delictivo
cuando se produjo el secuestro de Leonardo Bergara,
empresario de 37 años sospechado de que
se encargaba de vender el producido de la piratería
del asfalto que recaudaba la Departamental de
Quilmes.
Un día Bergara habría
arreglado la distribución
de los porcentajes directamente con la distrital
La Plata y en represalia los quilmeños
lo secuestraron y se montó un desenlace
de película cinematográfica.
Es la Maldita Policía
la principal sospechosa de ser autora del secuestro
y posterior desaparición, primero, de
Jorge Julio López, testigo clave
en el juicio que permitió que se condenara
en el 2006 a prisión perpetua al ex comisario
represor Miguel Etchecolatz; y este año
de Luciano Arruga quien-según precisó
a Agencia NOVA su hermana Vanesa Orieta- el
1º de enero lo pararon efectivos del destacamento
de Lomas del Mirador, lo llevaron a esa dependencia
no sabemos por qué motivo, porque nunca
apareció el registro de su detención;
y por medio de testigos pudimos enterarnos que
lo golpearon brutalmente dentro del destacamento
hasta quitarle la vida. Hoy Luciano sigue
desaparecido.
Hoy que todos se llenan
la boca con los pibes chorros, la baja de la
edad de imputabilidad, la violencia fatídica
de algunos delincuentes y el flagelo de la inseguridad
que acecha al Conurbano y a la ciudad, la Bonaerense
cuya imagen se encarga de limpiar Canal 13 con
su programa Policías en Acción,
vende una imagen de un supuesto intento de combate
al delito, cuando en realidad fogonea y protagoniza
infinidad de casos de gatillo fácil.
Según expresó
María del Carmen Verdú, la referente
de la Coordinadora Contra la Represión
Policial e Institucional (CORREPI), este año
estiman que los casos de mano dura
policial superarán los índices
del año pasado ya que sólo desde
diciembre pasado hasta este mes, la Coordinadora
tiene contabilizados más de 80 casos
de gatillo fácil en todo el país,
lo que proporcionalmente equivaldría
a 16 por mes, una media similar a los casos
registrados en 2008.
Aunque si la tendencia
sigue así, este año lamentablemente
va a ser peor, aseguró.
Esa la misma fuerza de seguridad
que aún cuenta con 9 mil efectivos que
prestaron servicios durante la etapa de la dictadura
militar, una cifra que resuena cuando se recuerda
y escribe sobre el caso de la desaparición
de Jorge Julio López.
Además, en los cuatro
años de presidencia de Néstor
Kirchner y en el primero de su esposa Cristina
Fernández de Kirchner se habían
registrado mil 67 casos de gatillo fácil
y torturas seguidas de muerte y la mitad de
las víctimas eran pobres y tenían
entre 15 y 25 años.
El tema nunca termina de
explotar en los medios porque se trata de pobres.
Por ello la clase media no se involucra y sólo
lo hace para casos puntuales como la designación
(finalmente trunca) de Jorge Fino
Palacios en la Policía Metropolitana
a punto de ponerse en funcionamiento.
Pero esa puta clase
media jamás va a salir a manifestarse
-en territorio bonaerense- para que se investigue
en profundidad la denuncia del juez Luis Arias;
o en el distrito porteño, para que deje
de funcionar la UCEP, el grupo de desalojo macrista
que arremete y muele a palos a personas indigentes
que habitan en parques o veredas porteñas,
tema (UCEP) del que nos ocuparemos en futuras
notas o panoramas.
Las estadísticas
de la Correpi y los hechos de cada día
en la gestión K ponen en duda cada frase
que repiten hasta el hartazgo Néstor
y Cristina Kirchner en el sentido de que representan
a los más humildes y colisionan seriamente
con la proliferación de planes sociales
que retroalimentan de forma decisiva el clientelismo
entre los sectores más desprotegidos.
Por eso, frente a la contundencia
de los hechos, es pertinente preguntar -como
hacemos en Agencia NOVA-: gobernador Scioli,
¿la Policía Bonaerense recluta
o no jóvenes para delinquir?
FUENTE:
www.agencianova.com