Por Jorge Luis Sluger *


En una decisión polémica, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos separó de su seno a la diputada electa, Elisa Carrió, por haberse manifestado contraria al proyecto de ley que prevé la obligación, para todos los ciudadanos, de someterse al examen de ADN, iniciativa gubernamental enfocada sobre todo para aquellos de quienes se sospecha que son hijos o nietos de desaparecidos.

La APDH es una institución de prestigio internacional, que fue creada en 1975 por intelectuales, periodistas, políticos, legisladores, juristas y diversas organizaciones sociales. Nadie puede desconocer su intachable trayectoria en defensa de los derechos humanos y nadie puede desconocer las presiones sufridas por la entidad durante el último proceso militar genocida.

No obstante, creo que la decisión resulta exagerada; la medida adoptada se fundamenta en que la dirigente política efectuó “declaraciones públicas incompatibles con los principios y valores de los derechos humanos” pero que se sepa, Carrió no se manifestó jamás a favor de la apropiación de hijos de desaparecidos durante el último proceso militar ni se proclamó partidaria de aquel sangriento régimen, no expresó su oposición a los juicios por violación de los derechos humanos que se llevan a cabo y no se expresó contraria a la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida o cualquier otra medida adoptada por los gobiernos y parlamentos democráticos desde 1983 hasta la fecha.

Cierto es que cualquier Estado moderno debe contar con la más absoluta certeza respecto a la verdadera identidad de sus habitantes.

Si por cualquier motivo surgiera alguna duda al respecto, la autoridad respectiva debe agotar todos los recursos a su alcance y crear los que fueren necesarios, para despejar dudas sobre quién es quién y cuál es su procedencia parental.

En este sentido, sorprende que Elisa Carrió se oponga a esta iniciativa del gobierno argumentando que sólo apunta “por venganza” hacia la propietaria del Diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que -según se cree – adoptó de manera irregular a dos hijos de desaparecidos.

Puede que sea cierto, pero como digo siempre, que el árbol no nos impida ver el bosque: la obligación de someterse a un análisis de ADN no será, si se aprueba el proyecto de ley, sólo para los hijos de Noble, sino para todos aquellos ciudadanos sobre quienes pesa alguna duda respecto a su identidad.

Pero el hecho que un dirigente político, integrante de cualquier entidad defensora de los derechos humanos, manifieste un pensamiento disidente no contradictorio con los principios de dicha organización, no puede derivar en la exclusión.

Aunque en este caso no es necesario, siempre es bueno que las organizaciones de derechos humanos ratifiquen con sus actos que son infatigables defensores de la libertad de expresión, de pensamiento y contra el sectarismo. Actuar en contrario, como lo ha hecho en esta oportunidad la APDH, atenta contra el prestigio que supo cosechar en los últimos 35 años.

(*) Periodista.

FUENTE: www.nova-noticias.com.ar