Por James Neilson

Néstor Kirchner tiene apuro. Le queda poco tiempo, apenas un mes, en que encontrar la solución para un problema de ingeniería política que hubiera resultado demasiado complicado hasta para un pensador de la talla de Aristóteles. Lo que el ex presidente se ha propuesto es reordenar el sistema político nacional de tal modo que le sea posible triunfar en las elecciones del 2011 a pesar de estar entre los dirigentes menos populares del país, lo que podría hacer marginando a quienes sólo cuentan con una buena imagen personal –una “mediática”, dirían sus críticos– ya que carecen del apoyo de una maquinaría nacional equiparable con las construidas a través de los años por la UCR y el PJ. Y como si el desafío así planteado ya no le fuera lo bastante difícil, entiende que le convendría que el producto final de las lucubraciones de sus colaboradores fuera de apariencia democrática y por lo tanto un aporte a la modernización de un sistema político cuyas deficiencias son notorias.

Aunque Kirchner a veces brinda la impresión de estar a punto de caer en la tentación de movilizar a la calle para intimidar a sus muchos adversarios, sabe que en última instancia su propio destino, y aquel de su esposa, dependerá de la forma en que las instituciones políticas distorsionen la voluntad popular, de ahí las reformas que Cristina Fernández introdujo oficialmente al resto del país el miércoles pasado. Tal y como sucedió con la Ley de Medios, el equipo kirchnerista se vio constreñido a improvisar a un ritmo frenético para asegurar que la Presidenta contara con un proyecto presentable, mientras que los líderes opositores, conscientes de que la calidad institucional no figura entre las preocupaciones principales de la pareja gobernante, se preparaban para estirar los tiempos. El senador radical Gerardo Morales hablaba en nombre de muchos cuando dijo que podrían discutirse los cambios impulsados por los Kirchner “a mitad del año que viene”.

Voceros gubernamentales como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, juran que las reformas políticas que quieren ver cohonestadas por el Congreso antes del fatídico 10 de diciembre no tienen nada que ver con las aspiraciones personales del actual presidente de facto, que no sea cuestión de normas a la medida de su jefe sino de un intento sincero de mejorar “la representatividad y legitimidad de los dirigentes que son elegidos” –lo que, pensándolo bien, es una forma de poner en duda la representatividad y legitimidad de los actuales–, pero a esta altura, muy pocos creen en la buena fe de los Kirchner. En opinión de los radicales, los de PRO y la Coalición Cívica-ARI, además, huelga decirlo, de los disidentes peronistas y muchos izquierdistas, se trata de un nuevo ardid destinado a dar más oxígeno a Cristina y Néstor, uno equiparable con el adelantamiento del “escollo” electoral so pretexto de que sería mejor terminar la campaña lo antes posible para que el país pudiera reaccionar mejor frente al tsunami financiero mundial, las candidaturas testimoniales y el empleo impúdico para fines partidarios de los recursos aportados por los contribuyentes. Puede que cambiar la fecha electoral haya beneficiado al Gobierno –por lo menos, los resultados negativos sirvieron para galvanizarlo–, pero la inclusión en las listas de candidatos que no tenían la menor intención de convertirse en legisladores no lo ayudó del todo.

Si bien han transcurrido varios meses desde que el Gobierno dio a saber que a su juicio sería una buena idea celebrar un “diálogo” en torno a la eventual reforma del sistema político, los demás políticos y, es innecesario decirlo, la ciudadanía rasa tardaron en enterarse de lo que los juristas oficiales tendrían en mente, acaso porque ellos mismos se sabían ante una misión casi imposible. Con la finalidad de minimizar la influencia de la opinión pública, quieren privilegiar a quienes actualmente manejan los aparatos partidarios con la esperanza de que los kirchneristas, echando mano a las mañas que ya les son rutinarias, logren marginar a sus adversarios para que Néstor sea el candidato de un PJ monolítico.

Se trataría de una forma de evitar la repetición de lo sucedido en el 2003, cuando varios candidatos presidenciales compartieron el voto peronista; aunque en la primera vuelta Carlos Menem consiguió más que cualquier rival interno, entendió que de ir al ballottage sufriría una derrota humillante, motivo por el que optó por borrarse. Por razones evidentes, Kirchner quiere ahorrarse una experiencia parecida. En aquel entonces, la ley de lemas informal que hizo de las elecciones presidenciales una especie de primaria peronista le permitió superar la desventaja supuesta por un nivel de popularidad todavía menor que el que disfruta en la actualidad; ganó con el 22 por ciento de los votos porque no era Menem. Aun cuando lograra llegar al ballottage, de regir el mismo sistema que en el 2003, Carlos Reutemann, Felipe Solá u otro compañero podrían aplastarlo; en cambio, de verse obligado el PJ a conformarse con un solo candidato, sería factible, si bien poco probable, que Kirchner se impusiera, sobre todo si la economía marchara bien y la oposición no peronista siguiera haciendo gala de su inoperancia.

Sea como fuere, lo mismo que Menem cuando planteaba el tema de la re-reelección, los Kirchner comprenden muy bien la importancia de convencer a los oficialistas congénitos que abundan en el mundillo político de que están en condiciones de continuar en el poder por mucho tiempo más, de suerte que no sería del interés de nadie romper prematuramente con ellos. Tienen que mantener la ilusión de que su ciclo apenas haya comenzado: si poner sobre la mesa una reforma encaminada a permitirles soslayar el problema planteado por la hostilidad de buena parte de la población los ayuda a hacerlo, tanto mejor. A diferencia de los Estados Unidos, donde los “patos rengos” suelen sufrir nada peor que el ostracismo, aquí hay personas que podrían sentir que la eutanasia sería preferible. No sólo se trata de los “destituyentes” de las pesadillas oficialistas, sino también de los oportunistas que están esperando el momento para abandonar el barco antes de que se hunda por completo.

En principio, tiene sus atractivos la idea de fortalecer a los partidos grandes asfixiando a la plétora de agrupaciones pequeñas, algunas de las cuales son virtualmente uninominales. Sería una manera de impulsar el bipartidismo para que el sistema local se asemejara más al estadounidense o el británico que, al reducir las posibilidades de extremistas, excéntricos y narcisistas, garantizan cierta estabilidad. En los Estados Unidos y el Reino Unido, un tercer partido tendría que superar una serie de obstáculos gigantescos para acercarse al poder, ya que a diferencia de lo que sucede aquí contar con el apoyo del diez o incluso el veinte por ciento del electorado no sería suficiente como para permitirle hacerlo. Sin embargo, en la Argentina que efectivamente existe, a muy pocos les gustaría que los dos partidos más grandes, el PJ y la UCR, volvieran a monopolizar el escenario político, puesto que en opinión de muchos son los responsables máximos de la larga serie de desastres que ha protagonizado el país desde inicios del siglo pasado.

Por motivos lógicos, los más contrarios al bipartidismo son los comprometidos con facciones chicas que dicen representar su visión particular de lo que creen es la izquierda auténtica, pero también tienen buenos motivos para oponérsele algunos que son relativamente grandes como PRO y Coalición Cívica-ARI, que aún carecen de proyección territorial por ser muy fuertes en algunos distritos pero casi ausentes en otros. Al discriminar entre partidos “nacionales” y los meramente locales, los kirchneristas apuestan a que la UCR, que se vería beneficiada por legislación encaminada a eliminar a agrupaciones relativamente menores, esté más dispuesta a pactar con el Gobierno nacional. A juzgar por la reacción inicial del radicalismo ante las propuestas oficiales, los jefes de la UCR no tienen interés en colaborar con los designios kirchneristas aunque algunas propuestas les favorecerían, sobre todo si los seguidores de Elisa Carrió decidieran que les convendría más aliarse formalmente con los radicales que correr el riesgo de no alcanzar un piso determinado de afiliados en todo el país.

También motiva muchos reparos la propuesta de obligar a los partidos a celebrar internas abiertas y simultáneas en que todos los registrados en el padrón tendrían que participar. Las internas abiertas se prestan a muchos abusos, ya que operadores astutos pueden instar a sus clientes a votar en una celebrada agrupación rival con el propósito de hundir a un candidato considerado peligroso, pero de ser obligatorias tendrían el mérito de no favorecer necesariamente a los dueños de los aparatos mejor aceitados. En la interna de la Alianza de fines de 1998, el radical Fernando de la Rúa derrotó a la frepasista Graciela Fernández Meijide merced a la mejor capacidad organizativa de sus correligionarios; de haber votado más gente, el desenlace de aquella contienda hubiera sido muy distinto y, como resultado, la historia posterior del país. Para Kirchner, pues, las internas propuestas podrían constituir una trampa, aunque según Randazzo “podría ser candidato ungido por el congreso del Partido Justicialista sin pasar por alguna interna”, privilegio este que, por su condición de piantavotos, le vendría de perlas.

FUENTE: www.revista-noticias.com.ar