Así, propiciadas por el Gobernador Scioli y su Ministro de Justicia, que en nada han mejorado la situación, y por el contrario han creado confusión con las idas y vueltas, especialmente en lo que respecta a las excarcelaciones, en esta etapa se sancionaron las leyes Nº 13.812, 13814, 13.818, 13.821, 13.943, 13944, 13.954, 14.000.

Martello recordó que en los últimos 11 años el código de procedimientos se reformó 47 veces, sin que el delito haya mostrado signos de retroceso.

En el año 1996, a la par de una crisis de inseguridad que vivía el entonces gobernador Duhalde, se derogó el antiguo Código Jofre y se sancionó la Ley 11922, conocida como "la reforma de Arslanián-Duhalde", que no se pudo poner en práctica en ese momento; de hecho, se sancionaron con posterioridad dos normas -casi una por año- postergando su implementación por la falta de recursos, un problema que no es menor, después en un sentido absolutamente opuesto, de la mano del ex gobernador Ruckauf, del ministro Casanova y de Aldo Rico, se legisló en sentido contrario.

Solamente en esa primera etapa se sancionó la Ley 11992, la ley 11982, las leyes 12059, 12060 y 12085; el Decreto 1129/98, creando en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el Consejo de la Reforma Procesal y Penal de la Provincia de Buenos Aires; la Ley 12119, que ponía en vigencia -como dije anteriormente-, después de dos prórrogas, la reforma, la Ley 12160, el Decreto 3770/98, la Ley 12278, el Decreto 1038/99, la Ley 12339, la Ley 12395, todas modificatorias del Código Procesal Penal.

Entrada en la etapa contradictoria, donde el gobernador Ruckauf, a expensas de una sociedad que estaba permeable para escuchar ese discurso, dijo que a cada delincuente había que meterle una bala en la cabeza, se sancionó la Ley 12405, que limitaba el régimen de excarcelaciones. En esa etapa, Ruckauf-Rico-Casanova, se sancionaron las leyes 12505, 12772, 12822, 12956,13057, los decretos de necesidad y urgencia 1111/03 y 1113/03, las leyes 13078, 13153,13177, 13183, 13186, 13352 y 13260, que incorporaba el procedimiento de flagrancia –como decía el señor diputado Feliú- en una experiencia piloto que se realizó en algunos departamentos judiciales. Se sancionaron también las leyes 13298, 13418 y 13425, y tampoco se pudo avanzar.

Mas tarde, en la etapa Solá-Di Rocco ,a raíz de algunos fallos de la Corte y de alguna demanda de los organismos vinculados a los Derechos Humanos, de la mano de algunos acontecimientos trágicos se sancionó la Ley 13449, volviendo a un criterio mas parecido al del primer plan.

"El Código Jofre que estuvo en vigencia casi 70 años fue discutido durante siete años. No creemos que haya que discutir nuevos códigos siete años, pero tampoco creemos que se puedan tratar estas reformas que terminan en nuevas frustraciones para una sociedad que reclama mas hacer y menos decir" , concluyó el legislador.