El crecimiento del denominado déficit habitacional es uno de los problemas más importantes en el conurbano, al punto de que cada vez más familias no pueden acceder a un techo. El problema de la casa abarca no sólo a quienes son empujados a situación de calle, sino que incluye a aquellos inquilinos que quedan presos de la especulación y los sobreprecios a los que son sometidos los alquileres. Para solucionar esto, Almirante Brown puede ser el primer distrito del conurbano que tenga una oficina dedicada a la problemática, de aprobarse un proyecto presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante.

La autora de la idea es la edil del ARI-Coalición Cívica Miriam Locher, quien le pidió al ejecutivo que cree la Oficina Municipal del Inquilino, un organismo público encargado de facilitar el acceso a viviendas en alquiler, a partir de un sistema participativo. Según explicó Locher a DD-Sur, la idea es que el ente esté integrado “por representantes del mercado inmobiliario local, representantes de las asociaciones de defensa del consumidor y sea coordinada por la máxima autoridad de la Secretaría de la Producción”.

Entre los objetivos de la oficina, Locher enumeró “dar asesoramiento legalmente en la relación locativa, tanto previo a la firma del contrato como en cuestiones que se susciten con posterioridad, promover la participación del Estado en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario e intervenir frente a denuncias de inquilinos y propietarios de inmuebles”.

Para esto, el proyecto busca crear un registro de todas las viviendas, de cualquier tipo, disponibles para ser alquiladas, así como un registro de inquilinos, el que deberá ser actualizado periódicamente. “El déficit habitacional se proyecta en la gran demanda inmobiliaria que existe respecto de alquileres con el objeto de vivienda, y dicha situación no hace más que demostrar una necesidad por parte de quienes en muchos casos dependen exclusivamente de esa modalidad de contratación para acceder a un lugar donde vivir”, dijo Locher.

Para la edil, la iniciativa –inédita en el conurbano– nace de la necesidad de que “el Estado refuerce la protección pretendida por la mencionada ley, poniendo a disposición de los potenciales locatarios de inmuebles toda aquella información que otorgue claridad con respecto a cuestiones que tengan que ver con la disponibilidad en la plaza inmobiliaria existente en jurisdicción de Almirante Brown”.

El problema de los alquileres va de la mano del aumento de los precios y las dificultades de acceder a la vivienda propia, además del déficit habitacional que sufre la región. La semana pasada se difundió un informe privado que afirma que el metro cuadrado de los departamentos en Buenos Aires se encareció alrededor de un 40 por ciento desde el fin de la convertibilidad, mientras que los salarios en dólares se devaluaron fuertemente en más de un 50 por ciento. Para los especialistas, la ecuación que dan estas variantes es clara: sin apoyo estatal, los créditos no ayudan, y el sueño de la casa propia está cada vez más alejado para miles de argentinos, que deben arreglarse con alquilar.

En cuanto a la falta de viviendas, se estima que en el país hay un déficit de cerca de dos millones de viviendas, de las cuales el 35 por ciento pertenece a la provincia de Buenos Aires y el 24 por ciento al conurbano.

Por su parte, desde la Unión Argentina de Inquilinos (UAI) presentaron su punto de vista, a través de un informe. En él aseguran que “en los últimos años, los alquileres se han encarecido de tal modo que el poder adquisitivo de los asalariados y el sostenimiento de la vivienda se vieron seriamente afectados”. Por esto, en la actualidad, “un trabajador necesita 1.177 pesos para poder alquilar dos ambientes, lo que equivale a un 40 por ciento del salario promedio estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC), sin considerar expensas e impuestos”.

La idea de Locher es también incluir a los alquileres comerciales bajo el registro de la futura oficina. La idea es que el ente regulador “genere una natural competencia entre quienes resultan oferentes de inmuebles en alquiler, lográndose además un muestreo de los montos estimativos que se cobran por inmuebles de similares características”.

Contra los despidos en Kraft y Crónica

La concejal del ARI-Coalición Cívica Myriam Locher hizo pública en la sesión de viernes 30 de octubre su “profunda solidaridad” con el reclamo de reincorporaciones llevado adelante por los trabajadores despedidos de la empresa Kraft (ex Terrabusi), haciéndolo extensivo además a los trabajadores del diario Crónica, que denuncian más de “un centenar de pérdidas de puestos de trabajo”. Asimismo, hizo mención de dos proyectos que presentó en julio último en adhesión a propuestas referidas a lograr que se garantice la representación sindical en los mismos establecimientos de trabajo y la “no injerencia” del Estado en los conflictos laborales que tiendan a reprimir legítimos reclamos y protestas.

Según Locher, “es indispensable que desde los ámbitos municipales se profundice en estos temas y se logre poner en la agenda nacional, desde los mismos municipios, la importancia de lograr una genuina y natural representación sindical, para lo cual es necesaria una verdadera democratización de los espacios de poder que garanticen la protección de quienes siempre se encuentran en posición disvaliosa: los trabajadores”.

Para la concejal, “es inaceptable que las representaciones sindicales se encuentren eventualmente ceñidas a encuadres políticos coyunturales y que existan leyes laborales que se violenten permanentemente con reclamos que no encuentran eco tampoco en el Estado. La manera compulsiva en la que se produce la desafectación de cientos de trabajadores expone una clara y rotunda ausencia de políticas del Gobierno que apunten al resguardo de fuentes de trabajo”.

FUENTE: www.diariodelsurdelgba.com