La organización de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) inició una campaña para impedir que el gobernador Felipe Solá promulgue la ley -que sancionó la Legislatura- por la que el impuesto inmobiliario se comenzará a cobrar en las boletas de los servicios públicos, como la luz, el gas y el teléfono.

La flamante norma es cuestionada desde diversas entidades de consumidores, como también por cámara empresarias y hasta por el propio Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien llamó la atención por su posible "inconstitucionalidad".

En este marco, Pedro Busetti afirmó que la entidad que preside -DEUCO- realizará una presentación judicial en rechazo a la norma; mientras que Mondino dijo que están estudiando los textos completos de lo que aprobó la Legislatura bonaerense dada su "dudosa constitucionalidad" y para"ver la incidencia que puede tener en los consumidores".

Por su parte, el dirigente sostuvo que esta disposición significa "un mecanismo coercitivo para los usuarios, diciendo que si no paga el impuesto inmobiliario en la boleta de la luz, del gas, del teléfono, del celular, de la televisión por cable, le cortan el servicio". En ese sentido, manifestó que la provincia "tiene los mecanismos legales para perseguir el cobro inmobiliario y lo ha hecho en este último tiempo, con lo cual ha crecido significativamente la recaudación".

Busetti aseguró que rechazan la incorporación de conceptos ajenos en distintas posibilidades que no han sido previstas en los marcos regulatorios de ninguno de esos servicios públicos y que, por dicha razón, llegarán a la justicia para impugnar la medida.

"No estamos propiciando la resistencia al pago de ninguno de los impuestos, pero la factura de los servicios públicos debe contener exclusivamente lo que corresponde a los servicios públicos", concluyó.

MONTOYA DIXIT

18% es el porcentaje de evasores que albergan los countries y barrios cerrados de la provincia, según informó el propio titular de Rentas, Santiago Montoya, promotor de la controvertida ley que permitirá "enganchar" el Impuesto a las Ganancias a las boletas de servicios.
120 mil son los habitantes que se verán afectados si ésta es reglamentada, ya que afecta a las propiedades que superan los 180 mil pesos y comenzará a regir a partir del año próximo.