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El mayoritario Frente para la Victoria (FpV) votó
a favor de la norma, al igual que los cuatro miembros
del ARI. Se opusieron la UCR, el Pro, el Paufe
y el justicialismo, el que con su presencia, al
igual que las demás bancadas, habilitó
el tratamiento del asunto, consagrado finalmente
sobre tablas.
La
sesión se prolongó por más
de tres horas. Un tramo sustancial de ese tiempo
lo consumió el abordaje de la nueva ley
de excarcelaciones, nudo central del plenario
legislativo.
Marcelo
Feliú (FpV) y Fernando Navarro (FpV) fundamentaron
el respaldo al nuevo precepto legal, mientras
que Horacio Piemonte (ARI), Gustavo Ferrari (UCR),
Jaime Linares (UCR), Osvaldo Fernández
(PRO) y Jorge Macri (PRO) expusieron las posiciones
asumidas por sus respectivas representaciones
políticas.
Los
cambios, votados primero por el Senado y más
tarde por la Cámara baja, tienden a cumplir
con la disposición de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que en 2005 exhortó
a los poderes Ejecutivo y Legislativo a adecuar
su legislación procesal penal en materia
de prisión preventiva y de excarcelación,
y a colocar su legislación de ejecución
penal y penitenciaria, según los estándares
constitucionales e internacionales.
Al
mayoritario Frente para la Victoria le bastó
el apoyo del Justicialismo para consagrar la reforma,
en la que se establece como principio liminar
que la restricción de la libertad se ejercerá
de manera excepcional y sólo cuando fuera
absolutamente indispensable.
Excarcelaciones
El
proyecto, nacido en el Poder Ejecutivo y convertido
en ley por Diputados, determina que la excarcelación
podrá ser concedida en los casos en que
la pena prevista para el delito cometido no supere
los ocho años de prisión: actualmente,
el techo es de seis años.
Entre
aquellos delitos que tienen una pena máxima
que no supera los 8 años de prisión
se hallan el homicidio culposo (accidente de tránsito),
el homicidio preterintencional (una riña
que culmina en muerte), los hurtos agravados o
los robos en los que los menores son utilizados
para cometerlos.
La
ley deja asimismo abierta la posibilidad de que
los jueces otorguen el beneficio de la excarcelación,
si el máximo de la pena fuese mayor a los
ocho años, siempre y cuando de las circunstancias
de los hechos y de las características
y antecedentes personales del acusado resultare
probable que se le pueda aplicar condena de ejecución
condicional. Eventualmente, también podrían
ser liberados quienes hayan perpetrado un robo
mediante el uso de armas.
Fuga
El
precepto legal sancionado elimina "supuestos
restrictivos", limitando únicamente
la excarcelación a los casos en los que
se comprueben los llamados "peligros procesales",
entre los cuales se mencionan la posibilidad de
fuga o el entorpecimiento de la investigación.
Siempre
que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio
pudiera evitarse, el juez de Garantías,
en lugar de la prisión, impondrá
otras medidas menos gravosas para el imputado,
apelando por ejemplo a alguna técnica o
sistema electrónico computarizado para
controlar que no se excedan los límites
impuestos a la libertad.
Desde
el primer día del proceso, la ley aprobada
instala además un sistema de oralidad,
con el objetivo de agilizar los plazos y evitar,
de paso, que todas las causas lleguen a juicio.
Tanto
en la Cámara alta, cuando se lo aprobó,
como hoy en Diputados, los oradores que defendieron
la propuesta gestada por el Ejecutivo bonaerense
compartieron una definición esencial: "La
provincia atraviesa una situación carcelaria
extrema -una población superior a los 25.000
internos-, derivada del aumento notorio de detenidos
registrado en los últimos años",
como reza parte de los fundamentos de la iniciativa
original.
Opinion
El
diputado provincial Fernando Navarro expresó
su opinión acerca de la modificación
de la ley del sistema de prisión preventiva,
aprobada recientemente en la Cámara de
diputados:
"La provincia de Buenos Aires estaba violentando
la Constitución Nacional porque, en aras
de la mano dura, se habían llenado las
cárceles y las comisarías de personas
sin ningún tipo de sentencia, y esto en
contra de la Constitución y de los pactos
internacionales y de derechos humanos". Declaró,
al mismo tiempo, ampliando la consistencia de
esta votación: "Lo que hemos hecho
votando esta ley, que consideramos muy importante,
es darle al juez la posibilidad de determinar
sobre la prisión preventiva de los imputados
por algún delito, lo que en forma definitiva
establece un equilibrio en el marco de la justicia".
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El ARI quiere
interpelar al ministro Di Rocco
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| El
bloque de diputados del ARI bonaerense
impulsará la semana próxima la
interpelación del ministro de
Justicia, Eduardo Di Rocco, por
el incendio en el penal de Magdalena
donde murieron 33 presos
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Los diputados del partido de Carrió esperan
que el proyecto que se tratará esta semana
sea acompañado por unanimidad.
"Vemos
bien que el ministro dé explicaciones a
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, pero creemos que con eso no alcanza y
que debe explicarle, en la legislatura, a todos
los bonaerenses por qué las cárceles
están abarrotadas y funcionan como aguantaderos",
dijeron los diputados aristas.
Por
otra parte, Sebastián Cinquerrui, autor
del proyecto de interpelación, manifestó
que Di Rocco "debe explicar por qué,
teniendo todas las herramientas en sus manos,
como la declaración del estado de emergencia
del Servicio Penitenciario que le otorgó
plenos poderes, llegó al patético
estado de hacinamiento en las cárceles
y a la violación de los derechos humanos
de las personas privadas de su libertad; por otra
parte, no desmanteló gran parte de la estructura
corrupta del SPB y la intervención al servicio
penitenciario llevó a que hoy la sociedad
esté sufriendo los 33 muertos de Magdalena
totalmente injustificados".
Asimismo,
manifestaron que el reconocimiento, por parte
de Di Rocco, de que los "delincuentes son
cada vez más pobres, más jóvenes
y menos instruidos" es una muestra más
de que "no debemos abordar el problema de
la inseguridad ni con la 'mano dura' del gobernador
Solá versión 2001 con Ruckauf, ni
con la pretendida 'mano blanda' de (Felipe) Solá
versión 2006; sino que el verdadero problema
está en tener políticas de Estado
para que los jóvenes sean cada vez menos
pobres y más instruidos, es decir, que
tengan acceso a niveles de vida que no los traten
como excluidos y marginales".
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La provincia cerró
un convenio estratégico con Lotería
Nacional |
| Para
trabajar contra el juego clandestino
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El interventor del Instituto de Lotería
y Casinos bonaerense, Franco La Porta y el presidente
de Lotería Nacional, Roberto López,
firmaron un convenio de colaboración con
el fin de, entre otras cosas, plantear estrategias
en conjunto contra el juego clandestino.
De
esta manera, La Porta afirmó que "estamos
firmando un convenio que tiene que ver con el
juego ilegal. En la provincia, la quiniela clandestina
mueve entre 50 y 60 millones de pesos por mes.
A pesar de haberla bajado desde el año
pasado, pensamos que debíamos unirnos para
combatirlo en conjunto".
Es
la primera vez que los organismos más grandes
del país encargados de administrar los
juegos de azar se comprometen no sólo a
trabajar en conjunto contra el juego ilegal, sino
también en la modernización, desarrollo
tecnológico y fortalecimiento institucional
de ambas organizaciones, en el planteo de políticas
en común contra la lucha y prevención
del juego compulsivo y en el análisis de
la instalación de juegos foráneos
que se comercializan por Internet y no son regulados
por el Estado.
En
este sentido, Franco La Porta dijo que "hay
juegos que están en Internet regenteados
desde el exterior, lo que significa una fuga de
divisas y evasión impositiva para la Nación
y la provincia" y agregó que "es
muy importante plantear políticas en conjunto
para apalear el juego compulsivo, ya que la protección
de salud de los habitantes es un tema más
importante que la recaudación misma".
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Presentaron una
nueva ley de radares fotográficos
en diputados |
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Con el ánimo de proteger la vida de automovilistas
y transeúntes, así como el de dar
una definición de fondo, superando las
sucesivas postergaciones, tomó estado parlamentario
una nueva ley que reglamenta el uso de radares
fotográficos en las rutas bonaerenses.
La
iniciativa pertenece al diputado radical Luis
Bruni, quien consideró necesario "revertir
la ausencia casi total del Estado en el control
del tránsito para prevenir accidentes y
reglamentar la utilización de radares,
tal como se hace en muchos países, respetando
las necesarias garantías de los automovilistas,
impidiendo los abusos y, fundamentalmente, protegiendo
la vida de los bonaerenses".
La
ley define que sólo se consideren válidas
las infracciones cuando los radares cumplan estrictamente
con las especificaciones que determina la Secretaría
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio
de Economía de la Nación, que también
prevé controles periódicos para
garantizar su correcto funcionamiento. Además,
los proveedores deberán inscribirse en
un registro de Cinemómetros.
Por
otra parte, tanto los municipios como la provincia
deberán comunicar con anticipación
y hacer pública 30 días antes la
decisión de realizar controles con radares,
especificando el lugar donde se llevarán
a cabo, quiénes serán los funcionarios
a cargo y qué tipo de equipos se van a
utilizar. Así también, se confeccionará
un Registro de Puestos de Fiscalización
Electrónica de Tránsito habilitados
que, entre otras, deberán instalarse en
un trecho recto de 500 metros como mínimo.
En tanto, cuando se registre una infracción,
el automovilista deberá ser detenido antes
de haber transcurrido diez kilómetros para
ser informado.
Por
último, el proyecto de Bruni obliga a la
provincia a hacer una campaña de difusión
masiva de la ley por un término mínimo
de 90 días, lapso durante el cual no se
podrán labrar actuaciones o sanciones,
sino que se realizarán apercibimientos
de carácter educativo y preventivo.
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Zaffaroni disertará
en el Teatro Argentino |
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Con motivo de cumplirse 30 años del golpe
de Estado de 1976, se realizará, en el
Teatro Argentino de La Plata, el ciclo de conferencias
"La Memoria tiene futuro", que tendrá
como panelistas al doctor Eugenio Zaffaroni, juez
de la Corte Suprema de la Nación y al ministro
de Gobierno bonaerense Florencio Randazzo. La
cita es el 16 de marzo.
"A
30 años de un proceso que nos quitó
como país a toda una generación
de militantes y dirigentes políticos, comenzamos
a generar un proyecto nacional y a llenar ese
vacío que nos hizo tocar fondo en los '90.
La memoria es un valor esencial para hacer realidad
ese proyecto", adelantó Randazzo.
El
temario se dividirá en dos grandes bloques:
"La generación perdida y su proyecto
de país. La Ruptura" y "La herencia
política y el nuevo proyecto de país".
Serán panelistas también Edgardo
Binstock, secretario de Derechos Humanos y la
senadora provincial Adela Segarra. Se entregarán
certificados a los asistentes.
La
cita es a las 18, en la Sala Astor Piazzolla del
Teatro Argentino de La Plata, calle 51 entre 9
y 10.
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