La provincia de Buenos Aires acaba de crear, por medio del decreto 2979, su propio Banco de Inmuebles Fiscales (BIF), que tendrá como misión racionalizar el uso de propiedades pertenecientes al Estado.

Esto estaría motivado porque hoy el Estado de la provincia de Buenos Aires posee 40 mil inmuebles propios, pero la demanda de los organismos va en aumento y por ello el déficit se mide en miles de unidades. Paralelamente, "se gastan 20 millones de pesos por año en alquilar 900 edificios", según informó a un diario platense la Dirección de Inmuebles del Estado. Cerca del 50 por ciento de estos edificios estaría, además, siendo demandado por la Dirección de Escuelas, en tanto Seguridad se lleva otra considerable porción.

El Banco de Inmuebles Fiscal deberá, así, cubrir las necesidades de inmuebles que tenga la administración pública, determinando el procedimiento de asignación con las normas, acciones, plazos, contenidos, requisitos y formas para evaluar cuál es el área más adecuada para afectar los edificios disponibles. De hecho, la Dirección de Inmuebles del Estado -organismo que integra el BIF junto con la Unidad de Gerenciamiento Efectivo de Inmuebles Fiscales (UGEIF)- señala que "viene realizando desde hace tres años un relevamiento de edificios públicos en desuso y disponibles en 123 distritos de la provincia", y que falta censar 10, que serán cubiertos antes de fin de año.

En total, en Buenos Aires hay 6,5 millones de parcelas catastrales (públicas y privadas). Con toda esa "oferta" de inmuebles fiscales disponibles, el BIF comenzará a comparar cada caso con la demanda que ya llega de todos los organismos oficiales, incluidos los 134 distritos bonaerenses.

"En esa instancia buscaremos ser lo más racionales posible con la asignación de cada propiedad, por eso incluso se hará una especie de concurso entre las reparticiones queaspiran a determinado edificio, evaluándose numerosas variables", dijo Carlos Baleztena, que dirigirá el Banco con Franco Carballo.

La tarea consistirá en "poner en marcha los engranajes entre cada ministerio y el banco, para ubicar las propiedades disponibles y, de ese modo, ir resolviendo gradualmente el déficit de espacio que hay en el Estado bonaerense", explicó Guillermo Bayley, otro integrante del equipo de trabajo.

Una vez afectado cada edificio público disponible, se iniciará también un monitoreo o auditoría para verificar tanto el destino como el uso concreto que el organismo demandante le dará al inmueble asignado.

La idea oficial es reordenar la oferta y demanda de inmuebles fiscales. Se cree que, si se logra poner en marcha un mecanismo aceitado, se reducirán sensiblemente tanto los actuales costos millonarios en locaciones temporales como las necesidades de espacio insatisfechas de la mayoría de las reparticiones de la provincia.

El déficit inmobiliario también afecta a otras dependencias del gobierno provincial. El apuro de las autoridades para resolver este inconveniente se origina en la sangría de recursos que representan los alquileres en los presupuestos de cada área. Esta deficiencia no sólo afecta al Ejecutivo bonaerense. En el Poder Judicial la situación es bastante parecida: en 2005, la Justicia destinó 6,5 millones de pesos a alquileres, una suma equivalente al 11% del presupuesto anual de esa área.

Gentileza de Diario Hoy