Por Ricardo Carossino
Ricardocarossino@politicadelsur.com.ar

Si bien la legislatura bonaerense trabajó a full y sacó varios proyectos en un día, una de las iniciativas despierta resquemores en algunos diputados y ahora espera la sanción de Senadores para convertirse en ley.

La idea es un proyecto por el cual los intendentes bonaerenses podrían disponer la inhibición de bienes de los deudores de tasas comunales apelando a mecanismos similares a los que utiliza la Dirección de Rentas provincial. Así se podría facultar a los jefes comunales a embargar bienes muebles e inmuebles a aquellos contribuyentes que mantengan obligaciones impagas con las comunas.

Política del Sur, en una entrevista al diputado Osvaldo Mércuri, le preguntó al respecto, y el legislador respondió "no" estar de acuerdo con esto, agregando que hará "todo lo posible, para que los senadores no aprueben este proyecto".

"No estuve en la sesión y si así hubiese sido no lo hubiera votado, y me opongo rotundamente a este proyecto, de modo que, si es votado por el Senado, haré lo que sea posible para que el gobernador (Felipe Solá) lo vete", sentenció Mércuri y añadió: "es una barbaridad, absolutamente inconstitucional y no se les puede dar esa herramienta, porque habrá un abuso de autoridad en función de facultades que no puede tener un Intendente".

Otra de las novedades fue la iniciativa de crear las Secretarías de Ejecución tributaria, que actuarían en casos de deudores morosos del fisco provincial, dentro del fuero contencioso administrativo y hasta tanto se cree el exclusivo para ese tipo de causas que impulsa el gobierno provincial.

Pero todo esto, que seguramente traerá cola, no fue la única tarea de la legislatura, que además se aprobó algo más pensado para la gente, como es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego, que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar en 60 días. Esta norma buscará establecer incentivos para que la población civil se desprenda de armamento.

Tiene ya, por otra parte, media sanción la ley que prorrogará por un año la emergencia policial que permite pasar a disponibilidad al personal policial implicado en delitos graves. Iniciativa que se enmarca en la reciente purga de la institución que anunció el Ministro de Seguridad León Arslanián. El proyecto fue aprobado con algunas modificaciones y tendrá que regresar a la Cámara de origen para que continúe su tratamiento.

El cuerpo legislativo también aprobó la ley (que pasó a Diputados)que intentará que se haga efectiva la obligatoriedad de incluir, en todo evento destinado a la muestra de indumentaria y accesorios de vestir con la exhibición de las prendas en pasarela, q todos los talles de fabricación de línea.

Ya en un tono más ajustado a la reciente, enérgica y urgente demanda de la sociedad por el caso del crimen de la disco de Lanús, La Casona, la Cámara Alta, dio media sanción a un proyecto que propondrá que los boliches bailables solamente puedan ser custodiados por personal de seguridad privada. Si esto no sucediese, la ley aplicaría duras sanciones para las agencias, el personal y los dueños de los locales que contratasen el servicio sin cumplir con los requisitos.

Según el proyecto de ley, los controles de admisión y permanencia de personas en bares y locales bailables sólo podrán ser realizados por quienes estén registrados en agencias de seguridad privada. La iniciativa establece que, "cuando se trate del control de admisión de personas y permanencia de clientes en locales bailables o de entretenimiento en general, el servicio de seguridad privada será prestado por empresas constituidas a tal fin".

Prohíbe expresamente a los guardias vecinales desarrollar esta actividad. Se dispone que el personal que realice estos controles "deberá" impedir el ingreso o permanencia en los locales a las personas que "manifiesten actitudes violentas, se comporten en forma agresiva o provoquen molestias".

La idea, además, es que los municipios deberán llevar un registro de guardias vecinales de seguridad privada que presten servicios en su jurisdicción y un mapa de ubicación de ellos, con actualización de altas y bajas. Las infracciones cometidas por las empresas de seguridad privada, su personal y los usuarios de este servicio, serán sancionadas con multas que van de 20 mil a 200 mil pesos.