.

El 8 de febrero entró en vigencia la ley provincial que dispone que la labor de jueces y fiscales bonaerenses será controlada por la Suprema Corte y la Procuración provincial. La evaluación será luego publicada en los sitios web oficiales de ambos organismos.

En caso de que el resultado del control no sea satisfactorio, la Corte deberá intimar al magistrado a mejorar su productividad; pero si persistiera en su conducta, podría recibir sanciones, entre ellas, el inicio de un jury ante la acumulación de llamados de atención.

La Corte deberá realizar inspecciones a los tribunales para analizar: la duración de los procesos y cada una de sus etapas, el cumplimiento de los pasos establecidos para el dictado de resoluciones, la carga de trabajo, congestión y asuntos pendientes y la asistencia al lugar de trabajo del juez y sus empleados.

Estas mismas atribuciones tendrá la Procuración con relación a fiscales y defensores.

Este proyecto fue impulsado por la administración de Felipe Solá con la idea, según se indicó, de mejorar el funcionamiento de la Justicia. Y con ese fin, la Corte deberá establecer "indicadores de gestión" -como cantidad de audiencias y cumplimiento de plazos, entre otros- que deberán cumplir los magistrados para no ser objetados.