El pasado 24 de mayo, por FM Espacio, el concejal Omar García, del PJ de Lanús, hizo una denuncia para algunos sorprendente: "el Frente para la Victoria quiere quedarse con el Consejo Escolar de Lanús para alzarse con la caja". Para entender, una vez más, que lo que disputan oposición y oficialismo es el manejo de los dineros públicos, la "denuncia" de una de las partes interesadas echa luz sobre el proceso de descomposición política que corroe a todas las instituciones del Estado, sea este nacional, provincial o municipal. La pugna no es por ideas, ni programas de gobierno, es por 10 millones de sopes.

A principio de junio se congregaron notables progresistas de Lanús para escuchar al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Darío Díaz Pérez, quien se refirió al nuevo proyecto de Ley de Educación. Allí estuvieron Hugo Durán, Norberto Vaccaro, Roberto Crovela, Héctor Bonfiglio, Jorge Montero, Natalia Gradaschi (ARI), Olga Torales, Soledad Benítez, Paola Rezzano (Barrios de Pie), Elisa Semino, Francisco del Castillo, Omar Dalponte (IS) e Irma Othar (ver La Defensa 13/6/07), todos ellos dirigentes de "la oposición" a Manuel Quindimil, quienes aprobaron, a "libro cerrado", el proyecto de ley dictado por el Banco Mundial y el FMI.

Esta ley, prevista para ser aplicada en países sometidos por el imperialismo, profundiza la privatización de la educación, la desenvuelve como negocio y cuenta en primera instancia con la bendición del clero vaticano, quien como todos sabemos tiene dos especiales motivaciones: una ideológica para entontecer al soberano y otra económica para manejar este brillante negocio.

Uno de los principales candidatos de las patronales bonaerenses, el empresario Díaz Pérez, viene desde finales del año pasado trabajando arduamente desde su banca de diputado por imponer esta ley llamada Segarra. Esto le ha costado más de un improperio cuando los docentes lo descubren por las calles del GBA. El 22 de diciembre del 2006, una movilización de 300 docentes de jardines de infantes, que transitó por 9 de julio hasta el Consejo Deliberante, coreaba ruidosamente -refiriéndose al candidato del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez-: "Vecino, vecino, no vote quien vota destruir jardines". El empresario Darío se salvó de no estar en esa avenida, pero los manifestantes se encontraron con Quindimil recortándose el cabello en una peluquería de 9 de julio y el anciano debió escuchar los vigorosos reclamos de los docentes movilizados, quienes lo obligaron a recibir un volante en mano, metiéndose dentro del salón donde se hallaba el Intendente.

Este solo hecho desnuda que los dichos de la dirección de la CTA y el Suteba de Lanús sobre "los consensos logrados y la necesidad de fortalecer la unidad y participación de todos los sectores en este andar hacia una nueva ley y política educativa, estratégica para avanzar en los cambios que tanto demanda la sociedad castigada por la ley emblemática del neoliberalismo", son sólo bien recibidos en reuniones de capilla. Y ruborizan a cualquier memorioso que recuerde la impresionante lucha docente/estudiantil de los 90, con movilizaciones de 100.000 a Plaza de Mayo contra la ley menemista, y la traición a esa movilización encabezada por los yaskis y filmus de ayer: Mary Sánchez, Marta Maffei y el impoluto Carlos "Chacho" Álvarez.

Pero esto no es todo, amigos, uno de los principales funcionarios de Grosso que intervino en la redacción de aquella Ley Federal de Educación (ahora vilipendiada por Yaski y Baradel), Daniel Filmus, es hoy la primera espada del progresismo, a quien Yaski llama a votar en el ballotage de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Qué tal!

Esta Ley Provincial de Educación profundiza lo hecho por la anterior (LFE), destruye ramas enteras (inicial, psicología, educación física, artística, adultos, especial) y vincula desde el lugar más perverso la educación con las empresas. Municipaliza la educación y plantea la destrucción de las condiciones laborales docentes, liquidando la estabilidad.

En la provincia de Buenos Aires, donde el 12% de los trabajadores está desocupado, donde más del 40% cobra en negro y el 27,5 de la masa laboral gana 525 pesos mensuales, la "izquierda" saluda con algarabía una ley que organiza la educación en función de las necesidades explotadoras de las empresas.

Esta Ley va dirigida a precarizar, municipalizar y desfinanciar la educación provincial. Profundiza el rol de los municipios en el manejo de las escuelas, lo que ahonda el ahogo presupuestario y la manipulación punteril de la educación desde los consejos escolares (ver art. 3 del Proyecto). Así es que Yaski, Baradel y Durán continúan las tareas de la dictadura militar en cuanto a la transferencia de escuelas de la Nación a las comunas y llevan hasta el final la política sobre educación del Banco Mundial y el FMI. La municipalización de la educación desfinancia el presupuesto y propone el modelo: a comunidades ricas, escuelas ricas; a comunidades pobres, escuelas marginales.

El Proyecto de Ley consolida la violación de la LFE y por eso argumentan que tiene origen neoliberal y menemista, cuando ellos mismos la defendieron, abrazaron e impusieron junto con Menem. Y para dictarle un mayor embrutecimiento al soberano, el Proyecto propone "que los centros educativos (informales) que no están inscriptos en los registros de la gestión pública ni privada, pero cumplen con una labor socio/educativa, deben ser reconocidos". Se refieren a ONGs y centros dirigidos por los punteros de diversas facciones que manejan los municipios.

Es la Ley Segarra que legaliza la desaparición de la educación inicial y avala cursos de alfabetización truchos. Es la legalización de "los conocimientos de la escuela de la calle" (art. 187 del Proyecto), dispuesto a destruir la educación de adultos e imponer la creación de "La Agencia de Saberes Laborales", que dará certificados de saberes socialmente productivos, impartidos por las patronales en sus centros de explotación del trabajo humano. Para este tipo de educación no serán necesarios los docentes, quienes progresivamente serán reemplazados en sus tareas pedagógicas por capataces.

El Proyecto profundiza la precarización laboral mediante "la implementación de la jornada extendida o completa, establecida por el art. 28 de la Ley de Educación Nacional y por el art. 246 del proyecto: "$ 1.040 por 6 horas de trabajo", propuesta reiteradamente dictada por el FMI y pedida por Yasky y Baradel.

El proyecto defendido por la oposición "progre" e izquierdista del distrito, que coloca a la educación bajo la bota inmisericorde de los capitalistas, crea el Copret (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) "para articular la educación, el trabajo y la producción" (art. 182 y siguientes). En síntesis son pasantías, que ofrecen trabajo en negro y mano de obra joven, vigorosa y barata a las empresas.

Los cierres de cursos, el vaciamiento de las escuelas y la ausencia de presupuesto están en función de ir hasta el final en esta política de mercantilizar la educación. La ley empuja a que la escuela pública quede en manos de quien quiera adueñarse de ella. "Son responsables de las acciones educativas, además del estado nacional y provincial, los municipios, las confesiones religiosas y las organizaciones de la sociedad." Traducción: dirigirán escuelas y harán clink caja, los punteros, la iglesia, los mercaderes de la educación privada y las empresas.

Con este comportamiento de los izquierdistas y progres tiene cierta lógica, ¿no le parece?, que el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya decidido, entre opciones reaccionarias, elegir el modelo derechoso original y no el adulterado.

Frente al derrape diarreico de los mal llamados izquierdistas del distrito, tanto el quindimilismo como la oposición trucha son una opción retrógrada. La tarea del momento es construir una alternativa obrera y socialista que dé una salida a todas las reivindicaciones populares.